La participación ciudadana puede ser entendida, desde un criterio amplio, como el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos. Desde la óptica ambiental, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro dispone que:
“El modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
Las constituciones más modernas de los países democráticos contienen herramientas institucionales y jurídicas cuyo objetivo es la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y el control de las políticas públicas, más allá del voto.
Nuestro país lo ha hecho, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, en donde además de consagrar el derecho a un medio ambiente sano, ha establecido las herramientas y garantías legales para su efectivo cumplimiento, introduciendo además mecanismos que permiten la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas que afectan al medio ambiente.
Sin embargo, como sostiene Norberto Bobbio, “el problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de tornarlos efectivos”, lo cual no resultará posible si los ciudadanos no logran ejercerlos en forma plena.
Fuente: FARN-Área de Participación Ciudadana.
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