La justicia suspendió el plan de manejo costero y las licitaciones de playa

EL MENSAJERO DE LA COSTA 11-Ago-07 (internet)
Villa Gesell: El dictamen del juez Federico Escobar, califica como “proceder irregular del municipio”, la contratación del geólogo Federico Isla, para realizar el estudio de impacto ambiental que dio soporte técnico a la ordenanza 2050.
La justicia suspendió el plan de manejo costero y las licitaciones de playa
La Justicia suspendió la ordenanza del plan de manejo costero y el proceso de licitaciones de playa. También ordenó a la Secretaría de Política Ambiental que se expida sobre el estudio de impacto ambiental que dio sustento a la ordenanza. Que, se confirmó, fue hecho por un profesional que no se encontraba habilitado.
(Gesell. Agos.10 por josé ruiz) El juzgado 1 en lo contencioso administrativo de La Plata, suspendió el proceso de licitaciones de concesiones de playa, haciendo lugar al amparo ambiental iniciado por uno de los concesionarios de playa que se vio afectado por el proceso de nuevas licitaciones iniciado en 2006.
La justicia también ordenó la intervención de la Secretaría de Política Ambiental, para que en un plazo de 45 días, se expida sobre la viabilidad del plan de manejo costero sancionado por la comuna en 2006.
El dictamen del juez Federico Escobar, califica como “proceder irregular del municipio”, la contratación del geólogo Federico Isla, para realizar el estudio de impacto ambiental que dio soporte técnico a la ordenanza 2050, sobre manejo del frente costero. Que abrió el proceso de licitación a más de 50 nuevas concesiones de playa en 2006.
Como ya había quedado expuesto en otra presentación judicial, el geólogo Isla no se encontraba inscripto en un registro provincial o municipal como lo exige la ley provincial 11.723, de “Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales”.
"Ello evidencia un proceder irregular por parte del municipio demandado, que encargó la realización del estudio de impacto ambiental a un profesional que no se encontraba inscripto en registro municipal o provincial alguno, tal como lo exige el art. 24 de la ley 11.723". Cita un fragmento de la resolución judicial.
El estudio contratado por la Comuna, a un costo estimado de 15.000 pesos, que sólo demoró 72 horas para estudiar todo el proceso de impacto ambiental en las playas geselinas, podría derivar en otras acciones judiciales contra funcionarios de la Comuna.
La medida judicial también ordena "a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia que se expida respecto de la viabilidad ambiental del plan de manejo integrado del Frente Costero”, en un plazo de 45 días.
Pese a las declaraciones de funcionarios municipales sobre los reconocimientos del plan de manejo costero –cuyo proceso licitatorio ya fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia–, las últimas medias judiciales, como la audiencia del pasado 19 de julio, confirmaron que ningún organismo provincial conocía a fondo el estudio de Isla o el plan de manejo costero.
LAS CONSECUENCIAS
En primera instancia, la medida judicial suspende el proceso licitatorio iniciado en junio último, que recientemente pre-adjudicó 15 de las últimas 19 concesiones de playa.
Que ya produjeron una fractura en la administración Baldo, con la renuncia del asesor legal –Dr. Atilio Roncoroni– tras desconocerse el Ejecutivo el dictamen realizado para la adjudicación de los últimas concesiones. Lo que amplió las sospechas de tráfico de influencia.
La suspensión del proceso licitatorio continuó comprometiendo a la administración del intendente Héctor Baldo, que ayer realizó declaraciones antes de ser notificado del fallo.
Pese a las declaraciones del jefe de gobierno, la posibilidad de nuevas acciones legales habían quedado abiertas por el fallo del juez Antonio Escobar –en los Contencioso Administrativo de Dolores– en 2006, tras el amparo ambiental que paralizó las primeras concesiones de playa.
La sentencia de Escobar señalaba que “todo lo atinente al Plan de Manejo Integral del Frente Costero, no se agota con la sentencia dictada en el amparo, pues ante la complejidad del caso que desborda lo que puede discutirse en esta vía, quedan eventualmente abiertas las posibilidades de reclamos, denuncias y peticiones en sede administrativa y/o judiciales según corresponda”.
Pero la suspensión de las licitaciones de las últimas concesiones de playa podría ser sólo el inicio de un proceso que afecte a toda la ordenanza 2050 y las concesiones otorgadas desde el 2006.
El planteo de fondo pide la nulidad de la ordenanza, que de concretarse, implicaría la nulidad de todo el proceso licitatorio.
El tema no es nuevo, ya había sido advertido por otras causas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que señaló a principio de año una violación al principio de “igualdad de condiciones y posibilidades”.
Que también responsabilizó al intendente Héctor Baldo y al presidente del Concejo Deliberante, Carlos Casado, por las posibles demandas.